La semana ha transcurrido entre la intensa reunión del martes del gobernador interino, Osvaldo Jaldo, con empresarios y choferes para evitar el paro anunciado para ese día, y el encuentro del mandatario anteayer en Puerto Iguazú para “insistir” con la inequidad de los subsidios entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país. En el medio, se habló de desestimar el proyecto de Fernando Juri para “estatizar” (en realidad, reconcesionar) los ómnibus en la capital; de la futura aplicación de la tarjeta SUBE y de la nebulosa de esta propuesta porque hay poca claridad sobre lo que va a hacer la Nación al respecto. Se habló mucho pero de concreciones hubo poco. La Provincia adelantó $ 130 millones de los subsidios que otorga, correspondientes al mes de marzo, para que se levantase el paro del martes, a la espera de la llegada de los demorados subsidios de la Nación, que adeuda enero y febrero. Ahora se anunció que se aumentarán un 72% los fondos nacionales -se repartirán $46.000 millones en el país- y en teoría se aplacaría el conflicto. De otro modo, en 20 días más se reanudarían los tironeos.

Compromisos complicados

El lunes, Jaldo dijo que iba a pedir un compromiso (a choferes y empresarios) “para no dejar a los tucumanos sin un servicio tan esencial como el servicio público de pasajeros”, además de gestionar compromisos recíprocos para comenzar a buscar una solución definitiva para este “conflicto recurrente”. ¿Qué compromisos recíprocos se puede lograr cuando el problema de los choferes es el salarial -no les pagan en tiempo y forma- y el de los empresarios es falta de fondos, caída de venta de pasajes, suba de precios de combustibles e imposibilidad de aumentar el valor del pasaje? A eso se suma la inequidad de los subsidios: según Luis García, prosecretario de la asociación empresaria Aetat, la Nación reparte $ 800.000 de subsidios por unidad al AMBA, y $ 200.000 por unidad al interior. El conflicto es recurrente precisamente por eso: las ecuaciones no cierran por ningún lado y desde hace cinco años se ajustan cada vez más, situación agravada por la pandemia.

Si antes se debatía sobre el funcionamiento del sistema subsidiado con una contraprestación de servicios francamente mala de las empresas, ahora directamente se debate cómo hacer para que se paguen los salarios y no haya huelga mes a mes. Comienza a ser también recurrente 60 días de paro por año en este servicio esencial. Sí ha llamado la atención que Jaldo se involucrara personalmente (a diferencia de Juan Manzur, que en su gestión gubernamental dejaba que se peleen y den la cara sus funcionarios). Sin embargo, lo de Jaldo parece por lo menos ilusorio, cuando dice que “Tucumán merece uno de los mejores servicios de pasajeros del Norte. No da para más, no hay más tiempo”.

Esperando la SUBE

¿Este involucramiento del Gobernador interino implica darle un rumbo a este complejo tema? La intención parece implicar eso, pero una cosa son las intenciones y otra los hechos. ¿Qué es la novedad de la tarjeta SUBE de la que todos empezaron a hablar ahora? En realidad ya hablaba de eso el fallecido ministro nacional de Transporte Mario Meoni, cuando decía que “la tarjeta SUBE es el gran camino que tenemos. Estamos trabajando para que durante todo el año próximo vayamos avanzando en la nominalización de la tarjeta y que el subsidio esté direccionado por persona y no por empresas”. Lo decía a fines de 2020. Ahora se la presenta como un “plan superador” al de la estatización que Juri tenía como caballito de batalla desde 2019, cuando, en medio de una de las fuertes crisis de transporte previas a la pandemia se miraba, como la mejor salida, copiar el sistema de Salta.

Cuestionado por la Municipalidad capitalina, que dice que viola la autonomía municipal, el proyecto de Juri, que iba a ser debatido en marzo, parece haber sido arrojado al tacho. El secretario de Transporte provincial, Benjamín Nueva, se ocupó de anunciar el proyecto SUBE. “Cuando firmamos los convenios (con la Nación) se habló de suscribir además con las empresas de transporte un compromiso de adhesión y es lo que queremos hacer”, dijo. Él lo plantea como propuesta que abarca todos los problemas. Dice que habría viajes más baratos para un amplio sector de la sociedad (jubilados, veteranos de guerra, beneficiarios de asignación universal por hijo) y permitiría tener el valor real en kilómetros recorridos y gasto de gasoil de los ómnibus.

Hablar o callar, según el caso

Aunque las empresas se comprometan, el mismo Nieva reconoce que “dependemos de lo que diga la Nación”, que es, en definitiva la que, envuelta en sus propios problemas económicos, impregna de incertidumbre todo el sistema. En ese sentido, los funcionarios hablan cuando les conviene y callan cuando no. Así lo hizo el secretario federal de Transporte, Diego Giuliano, que el miércoles explicó que el traspaso de 32 líneas urbanas de la órbita nacional al gobierno porteño es “compensar en parte las asimetrías con el interior, que hacen que el boleto urbano cueste $ 18 en CABA y casi $ 60 en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Córdoba”. Podría haber mencionado que es el mismo fenómeno asimétrico que hace que el boleto mínimo en Tucumán sea $ 45. Pero no lo hizo, así como no explica la queja general del interior, a la que también hizo alusión Nieva. Para explicar la asimetría que también beneficia a Buenos Aires y perjudica a todo el interior, no hay respuesta de funcionarios nacionales.

La mecánica es recurrente: todos esperan los anuncios que reacomodan temporariamente las cosas y eso pasó en Puerto Iguazú: “El presidente Alberto Fernández ha respetado la palabra empeñada en beneficio de los pasajeros. No se discriminó a nadie”, dijo Jaldo. ¿Pudo “insistir” acerca de las asimetrías? ¿Cambia esa mecánica de anunciar cuando arden las brasas? No. Sólo hay un alivio. “No es lo que esperábamos, pero lógicamente es un logro”, explica el empresario de Aetat Jorge Berretta, que dice que ya ese aumento fue erosionado por inflación y los costos.

Reparto de culpas

¿Cómo se llegó a esta situación? Los funcionarios provinciales -y los nacionales- culpan a la oposición por haber trabado el presupuesto. Pero muy poco dicen, o son muy livianos para decirlo, de las responsabilidades en la asimetría, aunque tengamos un tucumano como jefe de Gabinete de la Nación.

La tarjeta SUBE, además, en las condiciones que se imagina Nieva, debería generar más aportes de la Nación: “la diferencia es que ese dinero es aportado por la Nación y es por eso que el Gobernador nos pidió que avancemos en las gestiones para poder implementarla cuando sea posible”. ¿No saben explicar por qué se incurre en atraso constante de los subsidios y se espera que se incrementen los aportes con el sistema SUBE? Cuenta el empresario Maxi Villagra que ya hubo una experiencia para incorporar la SUBE en empresas rurales tucumanas como Aconquija o Agua Dulce. “Ya tenían comprado el equipamiento SUBE. En tiempos del ex ministro de Transporte macrista Guillermo Dietrich se cayó el proceso, porque la tarjeta SUBE te reconoce la tarifa plena, da beneficios a amas de casa, a ex combatientes y a algún otro sector... la Nación pagaba la diferencia y vieron que había que poner mucha más plata y se cayó la idea”.

Jaldo es optimista: “Tucumán ya entró dentro del proceso de instrumentación de la SUBE”, dice. Es optimista, pero el “conflicto recurrente” ya tiene aristas de conflicto estructural. Las concesiones en San Miguel de Tucumán (800 ómnibus) y del interior (400 unidades) están caducadas y son provisorias; el sistema capitalino tiene aristas complejas y responsabilidades que han quedado escondidas en medio de la discusión por los subsidios nacionales. También la crisis del sistema ha derivado en aparición de la línea urbana municipal de Tafí Viejo, en las combis con las que amenaza la capital cada vez que hay paro y, ahora, los minibuses que se habilitarán desde mañana para recorridos internos en Yerba Buena.

Así las cosas, los funcionarios avanzan con reuniones y anuncios que dependen de la confirmación de la Nación (parecen parches en la crisis recurrente) sin que se sepa siquiera qué piensa hacer el Gobierno federal, aunque el historial da pautas de lo que puede venir. No importó si la gestión era macrista o peronista; en los últimos años el sistema de transporte se fue cayendo al pozo y en tiempos de Macri, cuando hubo corte de subsidios, quedó claro que la salida iba por el aumento de tarifas. ¿Se irá ahora por ahí? De los cambios de las asimetrías ningún gobierno federal quiso hablar, excepto en circunstancias muy especiales. Ahora que el acuerdo con el FMI empuja hacia la reducción de los subsidios, es improbable que se vaya a tratar más de fondo cualquier propuesta de aumento o de cambio de las asimetrías.

¿Podrán los tucumanos, que tienen inmejorables relaciones con la Nación, “atacar el problema de fondo del transporte”, como dijo Jaldo, y lograr “uno de los mejores servicios de transporte del Norte”? Es cierto: no da para más, no hay más tiempo. Pero la política de parches siempre aplaca los estallidos y mantiene sine die la ilusión del purgatorio.